La pregunta 4 del examen de PEvAU de Lengua Castellana y Literatura II es la que ofrece una gama más amplia de posibles cuestiones sobre las que puede versar dentro de la prueba de esta asignatura.
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Teniendo en cuenta que las tres primeras preguntas del examen son siempre fijas (comentario de texto) y que la quinta es la de teoría, relacionada bien con el género del texto, bien con la época en la que se escribió la obra a la que pertenezca el fragmento o poema seleccionado, es la cuarta pregunta la que puede generar más desconcierto o inseguridad entre los alumnos que afronten la prueba.
Lo habitual es que en una de las dos opciones la pregunta 4 esté referida al análisis sintáctico de un fragmento seleccionado del texto o al comentario sobre las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones de un fragmento elegido del texto. Es decir, o en la opción A o en la opción B entra una pregunta de sintaxis. Sin embargo, ¿qué ocurre con la pregunta 4 de la otra opción en la que no haya una oración para analizar o comentar? Aquí las posibles cuestiones son muchas y variadas, desde el proceso de formación de palabras, pasando por los conectores, las perífrasis o los valores de “que”, entre otras.
Pero en las últimas convocatorias hay una pregunta que está siendo bastante frecuente y que resulta muy difícil para el alumno: aquella que trata sobre el significado de palabras o expresiones subrayadas en el texto. ¿Dónde reside la dificultad? Pues en que, hoy en día, los alumnos cada vez tienen un peor dominio del léxico de la lengua española y desconocen el significado de muchos términos. Al no tratarse de un grupo cerrado de palabras o expresiones de entre las cuales se seleccionen cuatro para la pregunta, sino al poder entrar cualquier expresión o palabra que esté recogida en el diccionario de la lengua española, el grado de complejidad para los alumnos aumenta todavía más.
En la convocatoria de junio de 2017 apareció esta pregunta en la opción B, la del texto periodístico, y generó bastantes problemas para los estudiantes.
A continuación se ofrece el texto en cuestión y la pregunta 4 resuelta para que sirva como ejemplo de la forma en que debe responderse.
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Pregunta de la opción B de la convocatoria de PEvAU de junio de 2017.
Los intereses creados
El título de este artículo no alude a la famosa obra de Jacinto Benavente: es más literal que literario. El fraude bancario que ha abierto un nuevo y enésimo frente judicial a la banca consiste en crear intereses de la nada. O, mejor dicho, en crear intereses con base en cláusulas abusivas incluidas en préstamos hipotecarios que comienzan a ser anuladas por los juzgados. Varias entidades financieras, algunas con carácter generalizado, modificaron la duración del año en la fórmula aritmética para incrementar artificialmente el importe de las cuotas. Dividiendo por 360 (el denominado año comercial) en lugar de por 365, la banca obtiene de sus clientes centenares de millones de euros. El fraude del método 365/360, del que informó este periódico el lunes, se une a una innumerable lista de abusos bancarios cometidos en la comercialización de préstamos hipotecarios: cláusula suelo, IRPH, intereses moratorios, vencimiento anticipado, cláusula de gastos… La acumulación de tantas cláusulas y prácticas abusivas responde a un modelo jurídico-político de contratación diseñado para maximizar los beneficios privados de la burbuja hipotecaria-inmobiliaria.
Pero, ¿cómo es posible que no hayan funcionado los controles preventivos y que incluso a día de hoy no existan respuestas institucionales eficaces para proteger los derechos de los consumidores? No parece existir en España una cultura jurídica de protección de los consumidores. Salvo valiosas excepciones, jueces, notarios y registradores de la propiedad no han cumplido sus funciones de control de cláusulas abusivas. Un ejemplo puede ser revelador. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea impone a los jueces la obligación de controlar las cláusulas abusivas, pero en España rara vez un juez ha actuado de oficio. La mentalidad de los principales operadores jurídicos sigue marcada por la igualdad contractual y la justicia rogada, esto es, obvia la asimetría de poder inherente a la contratación con consumidores. La cuestión de la cultura jurídica exige poner encima de la mesa el debate sobre la democratización del acceso a las profesiones jurídicas y el replanteamiento de la formación de los juristas. No es casual que en nuestro país una disciplina como la sociología jurídica, que permite comprender el Derecho en sus relaciones con la sociedad, no haya tenido apenas recorrido académico. Los juristas no pueden ignorar por más tiempo que lo jurídico es trasunto de los intereses creados.
Por otro lado, la autonomía institucional del Banco de España ha supuesto un fracaso en la protección de la clientela bancaria. La pasividad del Banco de España con los fraudes bancarios parece guardar conexión con el fenómeno muy estudiado de la captura del regulador, en este caso por las entidades financieras, lo que debería hacernos reflexionar sobre la necesidad de democratizar integralmente nuestra institucionalidad para que responda al interés general. Aunque lo cierto es que las Administraciones Públicas competentes en materia de consumo tampoco han estado a la altura.
La proliferación e impunidad de los abusos bancarios debe enmarcarse en una dinámica más amplia de promiscuidad entre los poderes públicos y los poderes privados. Esta connivencia resulta evidente en el funcionamiento de las antiguas cajas de ahorro, pero también puede advertirse en el conjunto del sistema bancario y económico. La pasividad de los poderes públicos con los fraudes bancarios es el resultado de un entramado político-económico que genera incentivos perversos.
Algunos de estos dispositivos –legales o no– de corrupción sistémica son la financiación bancaria de los partidos políticos, las puertas giratorias, la participación bancaria en la compra y venta de deuda pública (algunos bancos son legalmente creadores de mercado), la creciente presencia de las entidades financieras en las políticas públicas y, no menos importante, la participación accionarial de la banca en los grandes medios de comunicación.
Permítaseme ahora el recurso literario: los fraudes bancarios son consecuencia de los intereses creados en la farsa democrática, una jocosa comedia para los banqueros y un drama cotidiano para millones de personas.
Miguel Ángel Llamas, InfoLibre (02/03/2017)
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Cuestiones
1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto (puntuación máxima: 1,5 puntos).
2. 2. a. Indique el tema del texto (puntuación máxima: 0,5 puntos).
2. b. Resuma el texto (puntuación máxima: 1 punto).
3. Realice un comentario crítico del contenido del texto (puntuación máxima: 3 puntos).
4. Explique el sentido que en el texto tienen los sintagmas subrayados y en negrita (puntuación máxima: 2 puntos).
5. Exponga las características de los principales subgéneros periodísticos (información, opinión y mixtos) (puntuación máxima: 2 puntos).
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Solución a la pregunta 4 del examen de Lengua Castellana y Literatura II de la PEvAU 2017
Como puede apreciarse, se pedía en este caso el significado de las expresiones en negrita y subrayadas en el texto. Hay que tener muy en cuenta que se trata de explicar el significado de las mismas a través del contexto en el que aparecen, es decir, a lo que cada una de ellas hace referencia en el texto, no en otro tipo de ámbitos. A la hora de responder, es conveniente no utilizar siempre el mismo esquema oracional o expresión en la respuesta: lo más correcto es combinar diferentes maneras de iniciar cada una de las cuatro respuestas que habrá que dar en el ejercicio para que no resulten monótonas o reiterativas.
burbuja hipotecaria-inmobiliaria: una burbuja hipotecaria-inmobiliaria es un aumento desproporcionado y sin justificación de los bienes inmuebles, provocado normalmente por la especulación. Los precios de los inmuebles y de las hipotecas se incrementan sin razón lógica aparente.
derechos de los consumidores: se refiere al conjunto de normas creadas por los poderes públicos para la protección de los ciudadanos o usuarios en el mercado de bienes y servicios y que regulan ciertos derechos y obligaciones.
promiscuidad entre los poderes públicos y los poderes privados: hace alusión a la mezcla entre las personas que ostentan cargos políticos y quienes ocupan puestos destacados en las empresas importantes.
intereses creados: en el caso de este texto, expresa las necesidades o conveniencias que se han originado entre diferentes colectivos: empresas bancarias y dirigentes políticos.
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Autor del artículo: RDJ
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